1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento busca ser una provocación más que un documento acabado, para la discusión sobre el proceso social y político que condujo a la derrota de las fuerzas progresistas en la reciente elección parlamentaria y presidencial.

Se trata de un análisis realista pero a la vez crítico de nuestro propio actuar, porque junto con la derrota que significó el resultado del plebiscito constitucional de hace tres años, la elección de un candidato con ideas de ultraderecha que reivindica la dictadura pinochetista, nos golpea en lo más profundo de nuestros principios, y devela la debilidad actual de nuestra propuesta política.

También, y dada la complejidad de factores que pueden considerarse dentro de las causas de este resultado, hemos intentado hacer un análisis que permita aproximarnos a las tendencias a nivel internacional y nacional, así como a las actuaciones de los principales actores políticos de la izquierda y el progresismo - también de la derecha chilena-, y al gobierno del presidente Boric, que consideramos fueron relevantes en el giro político chileno.

2. TENDENCIAS Y ESCENARIOS DE LA ELECCIÓN.

Perfilar el escenario al momento de la elección implica reconocer que las características que lo definen son el resultado de procesos y tendencias que se han venido estructurando y fraguando en el plazo de años e incluso décadas.

Bajo ese enfoque que obliga a definir tiempos e hitos con cierta arbitrariedad, el largo plazo en la sociedad chilena podría considerarse desde el parteaguas que significó el fin de la dictadura cívico militar, y el inicio de los gobiernos democráticos en el año 1990, justo cuando se derrumbaba la Unión Soviética y el socialismo real, y gran parte de la izquierda mundial iniciaba una deriva, huérfana de un referente ideológico y político con poder global, y comenzaba una era de dominio absoluto del capitalismo impulsado por la hegemonía de los EUA.

Complementariamente, el mediano plazo puede asumirse con el hito de inicio que fue el estallido social de 2019 y la respuesta del sistema político mediante el acuerdo de itinerario constitucional y su desarrollo, incluyendo el triunfo presidencial de Gabriel Boric y la gestión de su gobierno.

Un escenario internacional de emergencia de la ultraderecha adverso al progresismo

En función de lo anterior, importa considerar que en las últimas décadas somos testigos de un cambio global referido también como policrisis del capitalismo por parte de algunos autores, cuya referencia no debe eludirse por cuanto impacta en el desarrollo y la política de cualquier país, y más aún en el caso de Chile, pionero en los acuerdos que han impulsado su apertura económica y una perspectiva multilateralista integrada a la agenda global que ha predominado desde la década de los ’90, y por ende muy sensible a los acontecimientos internacionales.

Estos cambios aluden por un lado, a la disputa por la hegemonía global y regionales entre potencias, ejemplificada en la confrontación comercial China versus EUA – nuestros dos principales socios comerciales-, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como los varios conflictos armados desplegados en África, el Medio Oriente, y Asia. Se suma las actuaciones intervencionistas del gobierno de los EUA desechando el orden basado en el sistema de reglas internacionales y su abandono del conjunto de instituciones internacionales de cooperación, lo que abona las soluciones basadas en el uso de la fuerza e impulsa el armamentismo, el irrespeto de los derechos humanos, todo lo cual devela una ONU ya debilitada y sin capacidad de actuación.

El secuestro de Nicolás Maduro y las acciones militares de EUA en Venezuela, luego de actualizar la Doctrina de Seguridad Nacional - referenciando la decimonónica Doctrina Monroe sobre América Latina -, reafirman esta tendencia hacia una geopolítica de las esferas de influencia con un imperialismo de larga data que pretende volver a imponer una lógica neocolonial en la relación con Latinoamérica.

En otras dimensiones, el reimpulso de la automatización a través del cambio tecnológico digital, está reformulando diversas áreas de la economía global, eliminando trabajos y creando otros nuevos; y que al mismo tiempo que provoca la mayor concentración de riqueza que ha conocido la humanidad y fortalece las grandes empresas trasnacionales, esconde a miles de trabajadores precarizados que sostienen dichas aplicaciones tecnológicas. El uso de estas tecnologías está impactando en la socialización de las poblaciones, en el funcionamiento de los sistemas educativos, la gestión del conocimiento, pero también en la capacidad de los estados de establecer mínimas garantías a la veracidad de la información sobre la realidad social y política, haciendo más complejo el ejercicio del gobierno democrático y contribuyendo a debilitar en muchos casos la legitimidad de las instituciones políticas.

Este proceso ha vendido aparejado de un debilitamiento de los sistemas democráticos y una reemergencia de posiciones autoritarias en distintas latitudes con regímenes de distinto signo político. La crisis de la democracia tiene en cada caso distintas causas, pero un elemento común ha sido la pérdida de respaldo de parte de la ciudadanía ante la incapacidad de los Estados de resolver las necesidades y expectativas de sus poblaciones, la mayor de las veces en cuestiones de seguridad pública, protección social, trabajo e ingresos, que permitan a las grandes mayorías acceder a un mínimo bienestar.

En ese contexto no es extraño la reemergencia y fortalecimiento de las economías informales y de las redes de corrupción. A lo que se suma la presencia del crimen internacional, que encuentra en el fenómeno migratorio una fuente de supervivencia ante la débil capacidad de reacción de los estados.

Paralelamente la crisis ecológica planetaria – calentamiento global, contaminación, pérdida de biodiversidad, entre otros-, está impactando el desarrollo de los países, y en particular en aquellos que como Chile, presentan altos niveles de vulnerabilidad ante el cambio climático. Se trata de una consecuencia injusta derivada de un modo de consumo y producción capitalista de los países más desarrollados, sobre los cuales Chile tiene poca o nula incidencia política, por más que sea un país avanzado en materia de mitigación del cambio climático.

En este marco, un aspecto que complejiza la incidencia de estos cambios en la política interna de los países como Chile, es el crecimiento de las ultraderechas y su articulación en torno a una agenda político programática que cuestiona el consenso que se había venido construyendo durante décadas en torno a estos y otros temas; transfiriendo una mayor incertidumbre a las sociedades sobre el futuro de sus economías y las relaciones entre países.

En síntesis el actual escenario internacional y en especial el recrudecimiento de la política de agresión norteamericana en nuestro continente no ha sido propicio para la promoción de los valores de la izquierda y el progresismo, como son el multilateralismo, el respeto por los derechos humanos, por la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia, la cooperación, la integración y el libre intercambio cultural, social, económico y político entre los pueblos. Es por eso que nuestras alternativas políticas, como lo fue la de Jeannette Jara recientemente, y probablemente los intereses nacionales de Chile, enfrentarán en el futuro un terreno adverso y de colisión con el poder de los EUA y sus aliados nacionales.

Un escenario de agotamiento de las fuerzas progresistas

Así como el escenario internacional que se ha venido configurando es desfavorable a las ideas progresistas, el escenario nacional que se fue dibujando desde el año 2019 a partir del estallido social partió con un auspicioso proceso constitucional y el posterior triunfo del presidente Gabriel Boric, pero terminó perfilándose como un obstáculo complejo de superar para la alternativa del progresismo.

Importa recordar aquí lo mencionado en nuestro documento de Agosto de 2025 en cuanto al contexto de la sociedad chilena, “…donde la alternancia en el gobierno pareciera ser la “respuesta” que la ciudadanía encuentra para enfrentar los problemas que nos aquejan pues el clivaje entre dictadura y democracia ya no da cuenta de las dicotomías presentes en nuestro país… A nuestro juicio, los principales desafíos son la desigualdad, el creciente y arraigado malestarsocial, el deterioro de la política, la caída del crecimiento y las incertidumbres que genera el contexto internacional marcado por una nueva bipolaridad.

En ese sentido, aunque el modelo económico actual ha traído crecimiento sostenido, sus beneficios siguen mal distribuidos: la mitad de los trabajadores gana menos de $620.000 líquidos (ESI 2024), las pensiones siguen siendo insuficientes y el acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda permanece marcado por profundas brechas. Esta realidad confirma que el desarrollo sin justicia social equivale a administrar las desigualdades. Si bien la tendencia es de una continua reducción de la pobreza, los resultados de la CASEN 2024 con la nueva metodología (pobreza multidimensional) indican que esta alcanza un 17,3%, que los sectores más pobres dependen cada vez más de los subsidios estatales, y que la desigualdad prácticamente no varía; coherente con un sistema productivo dependiente de recursos naturales, un mercado laboral precarizado y una débil capacidad de innovación.

El Informe de Desarrollo Humano 2024 del PNUD, el 83% de las personas que estaban a favor de las demandas expresadas durante el estallido social lo siguen estando. Asimismo, se reporta una alta intolerancia a la desigualdad en diferentes dimensiones de la vida en común –diferencia en el trato y dignidad, en el acceso a mejor salud, a mejor educación, a las oportunidades, en la distribución del poder, entre otras, como la muy relevante preocupación de las personas por la seguridad pública, toda vez que ésta, en la medida que no es garantizada adecuadamente no permite desplegar importantes políticas públicas. Finalmente, y de manera preocupante, los resultados de estas mediciones muestran que “la mayor parte de las instituciones son reprobadas en su actuar en materia de seguridad pública por parte de las personas encuestadas”.

En ese sentido, el acuerdo al sisma que fue el estallido, fue la forma de buscar una salida a lo que algunos denominan un ciclo impugnador o destituyente del modelo neoliberal, a través de un proceso constituyente. En cualquier caso, en la sociedad se creó una expectativa de cambio que otorgó su respaldo mayoritario a organizaciones sociales y en menor medida a partidos de izquierda, marginando a la derecha a una posición totalmente secundaria.

Fue así como de manera sucesiva la mayoría de la sociedad apostó por el proceso constitucional en 2020, por el triunfo de la izquierda y la centroizquierda en las elecciones municipales, de gobernadores y constituyentes en 2021, y por el candidato Gabriel Boric, en la elección presidencial de diciembre del mismo año.

Sin embargo, como ya conocemos, tanto el desarrollo del proceso constitucional como la gestión del gobierno fueron mal conducidos por las fuerzas de izquierda, que en poco tiempo perdió la confianza de la ciudadanía, llevando a la derecha, primero a un triunfo político al neutralizar el cambio constitucional, a ser la principal fuerza en los gobiernos locales y avanzar en los gobiernos regionales, con lo cual construyó la fuerza necesaria para su victoria en la elección presidencial recién pasada.

Sobre el proceso constitucional, teniendo mayoría en la Convención Constituyente, la izquierda no fue capaz de generar un consenso mínimo entre sus propias fuerzas, para una mejor Constitución y sucumbió a la tentación de presentar una propuesta radical respecto de las visiones e intereses mayoritarios de la sociedad chilena. Esto implicó la propia división de las fuerzas progresistas entre la opción de aprobar o aprobar para reformar generando confusión entre el electorado. Al tiempo que sectores más radicales de la Convención realizaron manifestaciones que transformaron un proceso de la mayor importancia en un espectáculo banal, lo cual fue aprovechado por la derecha para desacreditar el proceso y aunar fuerzas para el rechazo de la sociedad.

Sumado a lo anterior, no fuimos capaces de prever el impacto que tendría la incorporación del nuevo electorado (5 millones de nuevos votantes) a la votación de septiembre de 2022, a partir de la reforma que instauró el voto obligatorio, el cual se volcó mayoritariamente al rechazo constitucional. Aún hoy nos debatimos en poder caracterizar este nuevo electorado, si es que ha tomado posición definitiva por la opción más conservadora, o si se trata – a raíz de los resultados de candidaturas como la de Parisi-, de una nueva lógica fuera del eje izquierda derecha, con un carácter más bien transaccional y pragmático de su votación.

Por otro lado subestimamos la fuerza económica y social de la derecha en la defensa de sus intereses, subvaloramos a su real inserción en los sectores populares y medios, y a su capacidad comunicacional – activa permanentemente -, a través de los medios tradicionales y redes digitales. Tampoco le dimos toda la importancia al hecho que desde el inicio del gobierno no contábamos con la mayoría del Congreso.

De esta forma, al momento de la votación, y a pocos meses de haber asumido, la desaprobación del presidente y del gobierno aparecía sobre el 50%, probablemente, como resultado de un conjunto de errores en la conducción política del gobierno y de nuestra coalición. La estrategia de esperar el resultado del plebiscito constitucional para impulsar soluciones a las demandas más sentidas y urgentes de la población esperando el nuevo marco jurídico y político que se abriría, fue quizá su principal error político estratégico. Debiese agregarse una suma de improvisaciones que develaron falta de experiencia en la conducción del Estado, y la carencia de un relato político claro y convocante a las transformaciones que le hicieran sentido a las mayorías.

En definitiva, ambos procesos – el deterioro del proceso constitucional junto con la mala conducción del gobierno-, se retroalimentaron para hacernos aparecer ante el país como una coalición que no sabía gobernar y al mismo tiempo que ofrecía una propuesta constitucional deficitaria ajena a lo que el país demandaba con urgencia.

El giro del péndulo se reflejó más nítidamente en 2023, año en que el Partido Republicano, representante de la ultraderecha y el más importante de Chile hoy, ganó en el segundo proceso constitucional teniendo una clara mayoría en su Consejo, pero también desaprovechó la oportunidad puesto que apostó por una Constitución radicalmente de derecha que fue rechazada por la ciudadanía.

Por lo tanto, la derrota del primer plebiscito marcó el fin del proyecto de gobierno de Gabriel Boric y su relato transformador, relato que luego se intentó recomponer con el menos ambicioso “normalización del país”, cambio muy difícil de lograr en gobiernos de 4 años, cuando además la inexperiencia política llevó a una serie de errores antes y después del plebiscito que mellaron la confianza en nuestra coalición, tales como: la mala conducción de la ministra del interior Siches; la pérdida del proyecto sobre la reforma tributaria; la mala gestión de los indultos hacia las personas detenidas por delitos durante el estallido social; el caso convenio de corrupción de fundaciones ligadas a partidos del Frente Amplio; el caso Monsalve; la lenta gestión de las crisis cómo fue el incendio de Valparaíso; y la fallida venta de la casa del ex – presidente Salvador Allende.

Errores que se desarrollaron también en medio de una economía de lento crecimiento, entre otros factores, por la propia decisión del gobierno de ajustarla para lograr bajar la inflación y reducir el déficit fiscal, cuestiones que en cierta forma afectaron también la velocidad en la creación de puestos de trabajo; a lo cual debe sumarse la alta percepción de inseguridad dada por delitos violentos y hechos espectaculares como los asesinatos de carabineros, y otros del crimen organizado.

Visto lo anterior, y sin pretender cerrar el debate, algunas lecciones de este proceso que podríamos tener en cuenta o simplemente recordarlas de otros períodos políticos nos indican que el pueblo puede ser crítico del sistema político y sus actores pero valora cuando se avanza con algo de consenso. Cuando hay polarización fuerte es muy fácil destruir una alternativa que conduce, es decir, es más fácil ser oposición qué proposición y conducción. La construcción de una alternativa más desde la propuesta que del rechazo implica reconocer la real fuerza social que se tiene, así como la incidencia en la cultura y el pensamiento de las mayorías. Una cosa es contar con una mayoría relativa y circunstancial en sistema político, y otra el poder en la sociedad cuando se trata de procesos de reforma estructural.

Junto con ello otras variables que importa considerar. Cumplimos con el dogma en el manejo de la economía, pero ello implicó que la recuperación y el dinamismo ha sido lento para disminuir el alto nivel de desempleo e informalidad. En seguridad pública se avanzó mucho en lo legislativo pero menos en cuestiones sensibles como por ejemplo la construcción de cárceles y en frenar delitos más violentos como los homicidios. En caso de la relación con los inmigrantes tuvimos una política errática, con un discurso confuso y también ineficaz, alejado del pensamiento solidario y comprensivo de la izquierda chilena, y sin poder distinguirnos de la derecha más ultra.

Respecto de la gestión del Gobierno fue evidente la falta de preparación política y capacidad de gestión de algunas autoridades, lo que se tradujo en la falta de enfoque político, ineficiencia en la gestión, y problemas de comunicación. Estos problemas no fueron exclusivos de las autoridades del Frente Amplio, dado que desde el inicio del gobierno, y en particular luego de la derrota del plebiscito de 2022, como Partido Socialista hemos estado a cargo de ministerios claves como el Ministerio del Interior, Hacienda, Segpres, Defensa, Vivienda, Agricultura y Ciencia y Tecnología.

También tuvimos una coalición dividida en el Congreso Nacional, con votos de rechazo a los proyectos del gobierno por parlamentarios de la coalición, y al final del día con la pérdida de la Presidencia en la Cámara de Diputados, consolidando nuestra retirada de la conducción de dicho espacio institucional. Este contexto implicó que perdiéramos la mayoría en las elecciones municipales y el avance de la derecha en los gobiernos regionales en 2024. Cuestión coherente con las encuestas que indicaban un apoyo fijo del Gobierno en torno a un 30% pero sin capacidad de atraer a nuevos electores, sin capacidad de ampliar la base social y política.

En síntesis, el escenario previo a la campaña presidencial y parlamentaria se caracterizó por una coalición de gobierno con un férreo pero minoritario apoyo popular, sin iniciativa política y con poca capacidad para ampliar su base de apoyo. Llevando a cuestas la derrota del proceso constitucional y con un relato que se redujo a hablar de normalización - freno a la economía y desempleo mediante-, con menor fuerza institucional en el Congreso Nacional, en los municipios y en los gobiernos regionales.

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA CAMPAÑA.

Como se deriva del análisis anterior, la derrota presidencial reciente no puede ser explicada solo como una mala campaña ni como la suma de errores tácticos. Lo que enfrentamos es algo más profundo, un cambio de ciclo político, un malestar social que viene de hace tiempo, una ciudadanía que mira con desconfianza a la institucionalidad y una ultraderecha que supo capitalizar el descontento.

Nuestra coalición fue capaces de presentar una alternativa unitaria, y contar con una buena candidata, sin embargo su sólo liderazgo enfrentó otros tantos de la derecha, con mayor conocimiento y que sin dudas representaban un arco más amplio de la sociedad.

Uno de los principales problemas de la campaña fue no haber logrado romper a tiempo el marco que la derecha instaló, al presentar la candidatura presidencial de Jeannette Jara como una continuidad del gobierno. La elección terminó funcionando como un plebiscito al gobierno saliente, y eso arrastró a nuestra candidatura a una posición defensiva desde lo cual hizo más difícil disputar el sentido del cambio al que aspira la sociedad chilena.

La campaña quedó atrapada entre defender avances que son reales y valiosos, y la falta de una diferenciación política clara frente al desgaste acumulado del gobierno y su desaprobación. En un contexto de voto obligatorio y malestar social, esa ambigüedad se pagó caro recibiendo un voto de castigo.

Otro elemento que debemos asumir con franqueza es el déficit de conducción política del comando. Hubo una estrategia en la primera vuelta, improvisaciones evidentes y una dificultad para construir temprano un antagonismo claro frente a la ultraderecha. La apuesta por una campaña demasiado reactiva y conciliadora terminó por diluir la identidad política de la candidatura y permitió que el eje del conflicto lo definieran otros. El giro confrontacional en segunda vuelta fue necesario, pero llegó tarde y tensionó la credibilidad del proyecto. De esta experiencia debemos sacar una lección clara, no hay campañas presidenciales viables sin conducción política firme, sin disciplina estratégica y sin claridad en el relato.

También debemos reconocer la desarticulación entre la campaña presidencial, la parlamentaria y el horizonte político posterior. La fragmentación del campo progresista, la falta de una narrativa común y la ausencia de una estrategia integrada debilitaron cualquier proyección de mayoría. Aunque se lograron resultados parlamentarios defensivos importantes, no logramos instalar ante la ciudadanía la idea de un bloque político coherente, con vocación de futuro y capacidad real de gobernar. La suma electoral por pactos ocasionales, por sí sola, no construye alternativa de poder ni mayoría social, lo cual se notó con la usencia de organizaciones sociales con protagonismo de campaña.

4. PERSPECTIVAS SOBRE EL ROL DEL PS CHILE.

Desde este diagnóstico, como partido de izquierda socialista, enfrentamos una tarea estratégica que no puede eludirse, que pasa por definir con claridad nuestra posición política en este nuevo ciclo. No se trata de asumir una oposición meramente institucional ni de quedar atrapados en la defensa acrítica del ciclo anterior o administrar la derrota tratando de sobrevivir. Se trata de construir una oposición con identidad, con adhesión popular y con contenido programático, capaz de disputar el sentido del cambio social hacia una mejor sociedad frente a la ultraderecha.

El eje debe estar puesto en las mayorías sociales y sus necesidades más sentidas, como el costo de la vida, los abusos, la seguridad, el trabajo digno y un Estado que proteja y garantice derechos.

La historia reciente también deja una convicción que debemos reafirmar, los partidos no son el problema de la democracia, son parte esencial de la solución. El Partido Socialista de Chile debe asumirse como un partido de izquierda con vocación de mayoría, recuperando su vínculo social y capacidad de conducción política, de lectura de la sociedad y elaboración de programa, de trabajo y vivencia en el territorio. Frente al avance autoritario, no existen atajos ni soluciones tecnocráticas que reemplacen la organización social y política.

El desafío del socialismo chileno es comenzar desde ahora la reconstrucción de una alternativa política y social de largo aliento. Eso implica unidad política con reglas claras, una agenda legislativa ofensiva y un trabajo territorial sostenido junto a sindicatos, organizaciones sociales y gobiernos locales. La ultraderecha no se derrota solo en elecciones, se enfrenta todos los días, en la disputa social, cultural y política.

El rol del PS Chile ante el nuevos escenario debe asumir su experiencia histórica en enfrentar situaciones difíciles, así como su templanza para poner delante de cualquier decisión los intereses del pueblo chileno.

En ese sentido algunas definiciones políticas del partido debiesen orientarse a:

• Promover un proceso de reflexión del mundo social y político democrático sobre la nueva realidad nacional e internacional, y en particular los cambios sociales y culturales que han ocurrido en nuestro país, las demandas y esperanzas de las mayorías.
• Impulsar el desarrollo de un Programa Político para el Desarrollo y las Transformaciones sociales y culturales para nuestro país, con una mirada estratégica de acuerdo con la realidad nacional actual y las demandas de las mayorías sociales.
• Trabajar para articular la oposición de manera unitaria entre los partidos políticos de izquierda y centroizquierda, y las distintas organizaciones sociales que impulsan una mayor democratización y justicia social en Chile.
• Promover una mayor articulación y pronunciamiento de los partidos políticos progresistas latinoamericanos.
• Impulsar una mayor inserción social y liderazgo del PS Chile, apoyando la formación de nuevos liderazgos jóvenes presentes en el mundo social.

Algunas propuestas específicas para proponer al Comité Central del Partido Socialista de Chile:

• Mandatar a la Secretaría Nacional de Estudios y Programas la elaboración de un documento interpretativo de la derrota y del escenario político futuro, que permita a la orgánica del PS Chile, realizar una discusión guiada sobre la realidad y perspectivas del nuevo escenario político chileno.
• Ampliar el compromiso de realizar una Conferencia de Programas por la realización del correspondiente Congreso Ordinario del Partido Socialista de Chile, en que junto con actualizar el Programa Político del PS Chile, se pueda discutir y tomar decisiones sobre la estrategia política frente al nuevo escenario nacional, y las adecuaciones orgánicas que requiere realizar el partido.
• Solicitar a cada una de las Secretarías Nacionales y Comisiones del Partido Socialista de Chile, entregar un Plan de Trabajo con objetivos para los próximos cuatro años y en particular para el resto de la gestión de la actual dirección partidaria.
• Convocar a una conferencia internacional de partidos de izquierda y progresistas de América Latina para analizar y pronunciarse sobre la nueva realidad internacional; particularmente frente a las agresiones de los EUA a los países latinoamericanos.