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Expertos y expertos, sobre la probable composición del nuevo Cabildo Constitucional

El fondo de mi argumento es manifestar lo preocupante en el diseño del órgano constituyente que hoy se discute con la designación de expertos por el congreso. Es evidente –o quizás no tanto– que ese diseño no trata sobre el rol de los expertos. Sino que trata de garantizar escaños reservados a los partidos con representación parlamentaria actualmente para asegurar el control de la conducción del nuevo proceso. Mitigar cualquier imprevisto –provocado por algún exceso democrático– como lo sería la tragedia de perder una elección.

Transcurren horas cruciales para el nuevo itinerario constitucional. Durante tres meses las fuerzas políticas con representación parlamentaria –y Amarillos por Chile– arriban a acuerdos orientados a garantizar una tutela efectiva del nuevo proceso y así minimizar cualquier “aventura refundacional”.

Los acuerdos han determinado principios o bordes, es decir, materias excluidas a priori de la futura deliberación, la determinación de un comité de expertos y sus roles; y el funcionamiento acotado en términos temporales y sin participación ciudadana, entre otras, del futuro órgano constituyente.

El corolario del diseño hoy la principal brecha para un acuerdo se refiere a si el nuevo órgano –cabildo constitucional­– tendría una composición 100% elegida por la ciudadanía, o si, en cierta parte –50% o 25%–, o integraría por “expertos” designados por el Congreso. La figura de “expertos” que son instalados en el debate público como “necesarios”. Afirmación que se sostiene en una supuesta ausencia técnica de capacidad técnica durante la convención; lo que explicaría, en alguna medida, las razones del triunfo de la opción rechazo.

Lo cierto, por el contrario, es que en la convención constitucional desfilaron una enorme cantidad de expertos, de todo el espectro político, de todas las universidades, incluidas chilenas y extranjeras; de todos los centros de estudios e institutos, a tal punto que me aventuro con algunas tipologías:

1. Expertos con firmes convicciones democráticas.

Estos expertos tenían plena conciencia que no estaban allí por decisión de la voluntad soberana. Es decir, que no fueron elegidos por la ciudadanía. Aquella lo demostraban siendo muy cuidadosos sobre sus opiniones y sugerencias. Se esforzaban por no obtener ventajas de su calidad y de la fuerza retórica de sus intervenciones para imponer una convicción unilateral. Su trabajo consistió en interpretar y modular pacientemente las conclusiones de la deliberación, para luego expresarlas en un lenguaje jurídico adecuado.

De este tipo de expertos había muchos. También los encontré en los equipos de apoyo de la derecha, ellos supieron disponer generosamente de su pericia como un potenciador democrático.

2. Expertos sin ninguna convicción democrática.

También pasaron expertos que se creían constituyentes, o peor, creían estar por sobre los representantes de la soberanía popular elegidos democráticamente. Entre estos, había algunos que arrojaban a la audiencia “teorías” excéntricas. Llegaban a las audiencias públicas o enviaban minutas a las bancadas de constituyentes sin el más mínimo ánimo edificante. Incluso adoptaron, como una especie de deporte, dedicar extensos hilos de Twitter o cartas al director, para derribar propuestas simplemente porque “no les parecían”; sin siquiera molestarse en argumentar razonablemente. Esto denotaba que actuaban bajo la convicción de que su sólo nombre y reputación era un argumento en sí mismo.

Aquí podría nombrar a varios/as. Sólo diré que la mayoría de ellos orbitaba en la exconcertación.

3. Los expertos sicarios.

Todavía no salgo del impacto respecto de la cantidad de doctores en Derecho que trabajan en universidades prestigiosas del país, que se prestaron para asistir a la convención y presentarse en los medios de comunicación, programas de televisión, columnas, cartas al director –para sostener abiertamente mentiras– e insinuar supuestos efectos del texto constitucional insólitos, con un sólo fin destructivo.

Me tomaba la cara cada vez que veía sus actuaciones con las que buscaban dotar de cierto halo de credibilidad a barbaridades sobre el texto a partir de razonamientos contrarios a cualquier conocimiento elemental del derecho. Mientras los observaba, me preguntaba sobre cómo tomarían certámenes o exámenes en sus respectivas escuelas. De qué manera evaluarían a sus alumnos si alguno sugiriera, por ejemplo, que la “seguridad en la tenencia” del derecho a la vivienda es la “mera tenencia” del código civil; o que el fin a la concesión de cárceles implicaría, ipso facto, una estampida de presos el 5 de septiembre; o que, incluso, otorgar personalidad jurídica a las comunas implicaba la desaparición de las municipalidades. Lo terrorífico es que esos expertos sicarios hoy pasan desapercibidos en sus casas de estudio y probablemente están mejor posicionados por apoyar al rechazo, no lo sé. Lo que sí es una certeza, es que utilizar tus credenciales académicas contra la democracia para infundir pavor a la población es de los hechos más graves que ocurrieron durante el proceso anterior.

Hay más clasificaciones que podríamos desarrollar, como el contraste entre la expertise teórica y la expertise práctica, que evidenció la desconexión de una parte de la academia sobre el funcionamiento práctico de las instituciones. No pocas veces llegaban con propuestas irreales o totalmente contraintuitivas al funcionamiento elemental de una institución.

El fondo de mi argumento es manifestar lo preocupante en el diseño del órgano constituyente que hoy se discute con la designación de expertos por el congreso. Es evidente –o quizás no tanto– que ese diseño no trata sobre el rol de los expertos. Sino que trata de garantizar escaños reservados a los partidos con representación parlamentaria actualmente para asegurar el control de la conducción del nuevo proceso. Mitigar cualquier imprevisto –provocado por algún exceso democrático– como lo sería la tragedia de perder una elección.

La nomenclatura de experto sirve hoy como una pantalla de humo. Ahora, esa pantalla de humo, para tener credibilidad, deberá implicar la designación de personas con credenciales de expertise. Y, de este modo, el incentivo está en que los expertos designados por los partidos correspondan con los perfiles menos escrupulosos. Aquellos que sigan órdenes incluso a pesar de la expertise misma. Este diseño favorece a expertos sicarios y, en el mejor de los casos, a los vendedores de humo sin convicciones democráticas que creen estar por sobre el pueblo.

FABIAN BARRÍA /Revista Rosa