"De lo que estamos viendo hoy [8 de enero], dada la proporción de los ataques a la democracia, es posible indicar que hubo responsabilidad por parte de los mandos de la Policía ostensiva, como el gobernador del DF, el secretario de Seguridad Pública del DF y el comandante de la Policía Militar del DF", afirmó.
La Abogacía General de la Unión (AGU), que representa el Estado brasileño, pareció compartir este punto de vista y pidió al Tribunal Supremo la detención de todos los involucrados en las invasiones ocurridas en el Congreso Nacional, el Tribunal y el Palacio del Planalto (sede del Gobierno). Al menos 300 personas ya fueron detenidas, además de la solicitud de arresto del exministro de Justicia Anderson Torres, exonerado de su cargo como secretario de Seguridad Pública del DF el 8 de enero. El funcionario, que era el responsable de la seguridad en la capital del país, no aumentó la vigilancia en la región, a pesar de los llamamientos en las redes sociales para convocar a las manifestaciones.
Según Antonio Carlos de Freitas Júnior, "lo que se ve en las imágenes es un gran número de personas, una organización muy grande, y es muy difícil que esto pase desapercibido para las autoridades".
"Hubo falta de atención. Era necesario aumentar la vigilancia policial y crear barreras para frenar a los manifestantes. [...] Hubo fallos que deben investigarse desde el punto de vista de la intencionalidad o la negligencia. El hecho es que agentes gubernamentales pueden haber ayudado, contribuido a estas organizaciones terroristas y criminales", anotó.
El jurista evaluó el decreto realizado por la AGU para la detención flagrante del exsecretario de Seguridad Pública y explicó que se da de dos formas, con orden judicial o en flagrancia.
"Lo que vimos fueron miles de personas en flagrante delito. En sentido estricto, todas esas personas deberían ser detenidas. Los que aparecieron en televisión utilizando la violencia contra los poderes democráticos están en flagrante delito y deben ser detenidos", manifestó el analista.
Además, agregó que ahora el Ministerio Público tiene que actuar.
"Tanto el Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo deben ser contundentes. Es necesario demostrar la fuerza de la democracia actual. Si todo esto no se hace bajo el rigor de la ley, se producirá un proceso de debilitamiento de los lazos democráticos. Hay que proteger la democracia con acciones contundentes. Debemos utilizar la Constitución para castigar a estas personas y mostrar el sistema jurídico brasileño, preservando el Estado democrático de derecho", concluyó Carlos de Freitas Júnior.
Intervención federal
El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien tomó posesión del cargo apenas el primer día del 2023,ordenó la intervención de las fuerzas federales en el Distrito Federal, entidad brasileña que alberga la capital, Brasilia, y donde sucedieron los hechos desestabilizadores. Calificó de "fascistas fanáticos" y "vándalos" a las personas que asaltaron los tres poderes de Gobierno.
Antonio Carlos de Freitas Júnior explicó cómo funciona la intervención, recordando que "ya hubo intervención federal en seguridad pública en Río de Janeiro durante el Gobierno del presidente Michel Temer".
Durante la vigencia de la medida, según el experto, el interventor se hace cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y puede nombrar y destituir personas. Hará toda la gestión de la seguridad en Brasilia y ejercerá todas las prerrogativas de un secretario de Seguridad Pública, pudiendo incluso aumentar los gastos o el número de patrullas.
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